La CEOE advierte: una subida de impuestos reduciría el PIB en 5 puntos y destruiría un millón de empleos

La subida de impuestos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez puede tener un impacto terrible en la economía española: según el Instituto de Estudios Económicos (el think tank de la CEOE), un alza de la presión fiscal equivalente a 3 puntos del PIB contraería la economía nacional en 5 puntos y destruiría un millón de empleos.

Este organismo ha presentado este lunes el ‘Libro Blanco para la Reforma Fiscal en España’ en el que desmonta con datos los argumentos en que se basa el Ejecutivo para plantear su subida de impuestos y plantea medidas en la dirección contraria (que es la de la mayoría de los países de la UE), que deberían ir acompañadas de una mayor eficiencia del gasto público y una mayor seguridad jurídica.

En concreto, esta obra de 800 páginas con aportaciones de 60 expertos considera que, por cada punto del PIB de subida de impuestos, habría un descenso del crecimiento de dos puntos en un período de 3-4 años. Al revés, una bajada de un punto de PIB tienen un impacto positivo en el crecimiento de un cuarto de punto a dos años.

Armonizar Patrimonio y Sucesiones sería catastrófico

En especial, el IEE ataca la armonización de los impuestos patrimoniales (Patrimonio y Sucesiones y Donaciones) con el establecimiento de un tipo mínimo nacional como pretende el Ejecutivo, ya que son los que tienen un impacto más negativo en la economía. Así, estima que, sólo en Madrid, un impuesto de patrimonio le haría perder el 2% del PIB y del empleo regional, y un 0,5% al conjunto del Estado. Si se le suma una medida similar en Andalucía, el PIB nacional perdería un punto.

«Es poco esperanzador que, en vez de aproximarnos a las mejores prácticas de la UE, vayamos hacia los peores ejemplos. Nos posicionamos en contra de la armonización fiscal de mínimos, ya que es un subterfugio para la subida generalizada de la imposición patrimonial de las CCAA que están más homologadas», según Pilar González de Frutos, presidenta de la Comisión Fiscal de CEOE. Y recuerda que Madrid es la comunidad con mayor recaudación por habitante y la que más recursos aporta a la financiación conjunta del sistema.

Los argumentos falsos del Gobierno

Este trabajo desmonta varios argumentos falsos en que se basa la reforma fiscal de María Jesús Montero: que en España hay menos presión fiscal que en la UE (se ha igualad y, además, la medimos sin tener en cuenta la economía sumergida); que las grandes empresas pagan muy poco (la presión es más alta y aportan más a la recaudación en España, y el tipo efectivo de los grupos consolidados es del 21,91%); o que las rentas altas apenas aportan, cuando en ningún país de la UE existe ya el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones es más bajo que aquí y el IRPF tiene tipos marginales muy por encima de los valores medios y que se aplican desde niveles de renta mucho más bajos.

El Libro Blanco hace propuestas muy detalladas para todas las figuras impositivas. «Hay margen para una reducción selectiva de impuestos que tienen una escasa recaudación y provocan distorsiones muy importantes en la economía», según De Mesa. Por ejemplo, pide un tipo marginal del IRPF del 50% y un tipo del ahorro máximo del 20%, revertir el fin de la desgravación de los planes de pensiones, un tipo máximo de Sucesiones del 15% y la eliminación de la doble imposición a los dividendos en Sociedades.

«Es imprescindible reducir el gasto improductivo»

A cambio, el IEE pide que se reduzcan la deuda y el déficit por el lado del gasto: «Si se reducen los gastos improductivos, se liberan recursos que puede utilizar el sector privado», según Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE. Según el estudio, España se encuentra en el puesto 26 de los 36 países de OCDE en eficiencia del gasto público, un 66% por debajo de las mejores prácticas. Por eso, pide un análisis de las políticas de gasto para detectar duplicidades y gastos redundantes, y cree que «es imprescindible crear una comisión» para ello.

Por último, reclama una simplificación del sistema, una reducción de normas (hay 200.000 en vigor) y unos menores costes asociados a los impuestos. Así, recuerda que Hacienda pierde cerca del 50% de los recursos de los contribuyentes y que en 2019 había una deuda pendiente de 42.000 millones que no van ni para el sector privado ni para la administración, sino que están inmovilizados.